
¿LA PAZ DE QUIÉN? ¿LA SEGURIDAD DE QUIÉN?¿LA SOBERANÍA DE QUIÉN?
Una crítica de los derechos humanos centrada en los pueblos a la Declaración de China, Rusia y Estados Unidos por la paz
19 de noviembre de 2026 | Shenzhen
¿Un orden internacional para los Estados, pero qué pasa con los pueblos?
La declaración del 19 de noviembre emitida por los jefes de Estado de China, Rusia y Estados Unidos tras su cumbre trilateral en Shenzhen debe entenderse como algo más que una declaración diplomática sobre la paz y la seguridad internacionales. Plantea preguntas fundamentales sobre el tipo de orden internacional que los gobiernos más poderosos del mundo pretenden construir y, lo que es más importante para las naciones y los pueblos oprimidos, qué intereses pretende proteger ese orden.
Esta breve declaración llama la atención no solo por lo que dice, sino por lo que omite. Si bien los tres gobiernos expresan su compromiso con la paz y la seguridad internacionales, no hacen referencia explícita a la promoción y protección de los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos ni el fortalecimiento de los mecanismos internacionales de rendición de cuentas por violaciones graves del derecho internacional.
Esta omisión no es un descuido menor. Refleja una visión preocupante de la gobernanza internacional en la que la seguridad, la estabilidad y las prerrogativas de los Estados prevalecen sobre los derechos, la dignidad, las aspiraciones colectivas y los intereses de los pueblos. ¿Qué implica que la declaración descarte los mecanismos internacionales de rendición de cuentas como algo que debe ser restringido?
“Los tres jefes de Estado reconocieron que el principio del consentimiento estatal y el respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales son de suma importancia, y coincidieron en que la Corte Penal Internacional y otros organismos similares no deben abusar de su jurisdicción.”
No parecía haber ninguna preocupación respecto a la Corte Penal Internacional (CPI) cuando esta se centraba principalmente en enjuiciar a jefes de Estado y otros actores en África y el mundo no europeo. ¿Dónde quedó la inmunidad soberana de Nicolás Maduro, jefe de Estado de Venezuela, cuando Venezuela fue objeto de un ataque militar extraterritorial por parte de Estados Unidos bajo el pretexto de una acción policial?
¿Dónde estuvo el “abuso” por parte de la CPI? Sin duda, no se reflejó en la acusación limitada contra funcionarios israelíes por evidentes crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, mientras se otorgaba impunidad a los funcionarios estadounidenses que ayudaron e incitaron a cometer los crímenes en Gaza y que claramente violan el artículo tres de la Convención sobre el Genocidio, que condena la complicidad en el genocidio.
Quizás esta confusión o desviación de la moral y el derecho internacionales explique la abstención de Rusia y China el 17 de noviembre de 2025, cuando el Consejo de Seguridad de la ONU abandonó esencialmente a los palestinos y todos los principios de la Carta de las Naciones Unidas al entregar el destino de las personas en Gaza a Estados Unidos e Israel bajo la extraña denominación de una “Junta de Paz.”
Para el Proyecto Norte-Sur por los Derechos Humanos Centrados en los Pueblos (PCHR), esta declaración debe evaluarse a la luz de las realidades históricas y contemporáneas del imperialismo, la dominación colonial y la subordinación persistente de los pueblos a los intereses estratégicos de los Estados poderosos.
Un orden mundial para los Estados poderosos, no para los pueblos
El primer punto de la declaración compromete a China, Rusia y Estados Unidos, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, a reformar las Naciones Unidas para que puedan cumplir de manera más eficaz su misión fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales.
Pero, ¿dónde están los derechos humanos en esta visión? ¿Dónde está el compromiso con la igualdad de derechos y la autodeterminación de los pueblos? ¿Dónde está el reconocimiento de que las Naciones Unidas se crearon no solo para gestionar las relaciones entre los Estados, sino también para proteger la dignidad humana y promover los derechos y las libertades fundamentales de todos?
La Carta de las Naciones Unidas identifica explícitamente la promoción de los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos entre los propósitos de la Organización. Sin embargo, los tres gobiernos han optado por hacer hincapié en la paz y la seguridad, mientras guardan silencio sobre estos compromisos igualmente fundamentales.
Esto resulta especialmente preocupante en un mundo marcado por la destrucción de Gaza, la continua negación de la autodeterminación palestina, la intervención militar contra Venezuela y la captura de su presidente por parte de Estados Unidos, así como la intensificación de la coacción económica contra Cuba.
No se trata de cuestiones secundarias. Se refieren a los derechos fundamentales de los pueblos a vivir libres de dominación extranjera, agresión militar, despojo y castigo colectivo.
El silencio de la declaración sobre los derechos humanos, considerado junto con su énfasis explícito en la inmunidad estatal y las restricciones a las instituciones judiciales internacionales, plantea serias dudas sobre si los tres gobiernos conciben un orden internacional en el que los Estados poderosos negocien su seguridad mutua, mientras que los derechos de los pueblos permanecen subordinados a sus cálculos geopolíticos.
El principio debe ser claro: la soberanía sin rendición de cuentas se convierte en un mecanismo de impunidad. La alternativa del Proyecto Norte-Sur (PCHR): los pueblos, no el poder, deben estar en el centro.
El Proyecto Norte-Sur rechaza la falsa disyuntiva entre la soberanía estatal y los derechos humanos, entre la paz y la justicia internacionales, y entre la autodeterminación nacional y la rendición de cuentas internacional.
Insistimos en que los seres humanos y los pueblos no son simplemente sujetos de la autoridad estatal, objetos de negociaciones geopolíticas o instrumentos de estrategias nacionales de economía y seguridad. Son los sujetos y beneficiarios últimos de los derechos humanos.
Un marco de derechos humanos centrado en los pueblos exige una reorientación fundamental de la gobernanza internacional.
Requiere que la paz y la seguridad internacionales se midan por sus consecuencias para las vidas, la dignidad y el bienestar colectivo de los pueblos, en lugar de medirse exclusivamente por los intereses estratégicos de los Estados.
Requiere reconocer que la soberanía debe abarcar el derecho de los pueblos a determinar su futuro político, económico, social y cultural, libres de intervención, dominación y despojo extranjeros.
Exige la protección y el fortalecimiento de los mecanismos internacionales de rendición de cuentas, garantizando que ningún gobierno ni líder político pueda alegar inmunidad frente a la responsabilidad por los crímenes internacionales más graves.
Requiere la descolonización de las instituciones internacionales y la transformación de las estructuras de gobernanza global que siguen privilegiando a los Estados poderosos mientras marginan las voces, los derechos y las aspiraciones de los pueblos del Sur Global.
Y requiere una concepción de los derechos humanos que vaya más allá de los estrechos límites del individualismo liberal para abarcar los derechos colectivos, la justicia económica y social, el derecho al desarrollo, la protección ambiental, la soberanía de los pueblos y la liberación humana.
La Declaración de Derechos Humanos Centrada en los Pueblos: No hay paz sin los pueblos, no hay soberanía sin rendición de cuentas
El Proyecto Norte-Sur para los Derechos Humanos Centrados en los Pueblos rechaza un orden internacional en el que los gobiernos más poderosos del mundo negocian los términos de su seguridad e inmunidad mutuas, mientras que los derechos de la humanidad quedan relegados a un segundo plano.
Rechazamos la idea de que un mundo multipolar, simplemente por el hecho de desafiar el dominio de una potencia geopolítica, represente necesariamente un avance hacia un sistema internacional más justo y democrático.
Rechazamos el uso de la soberanía estatal para proteger la impunidad, la subordinación de los derechos de los pueblos a los intereses geopolíticos y el debilitamiento de las instituciones internacionales establecidas para exigir rendición de cuentas a los autores de delitos internacionales graves.
Exigimos el fortalecimiento y la democratización de los mecanismos internacionales de justicia y rendición de cuentas, así como el fin de la aplicación selectiva del derecho internacional.
Exigimos un orden internacional en el que los recursos, el futuro político y las aspiraciones colectivas de los pueblos no puedan ser apropiados, manipulados ni subordinados a los intereses de los Estados poderosos.
En última instancia, la legitimidad de la gobernanza internacional no debe medirse por los acuerdos alcanzados entre los gobiernos más poderosos del mundo, sino por su capacidad para proteger y promover los derechos, la dignidad, la libertad y las aspiraciones colectivas de la humanidad.
La seguridad de los Estados no puede sustituir a la seguridad de los pueblos.
La soberanía de los gobiernos no puede prevalecer sobre la autodeterminación de los pueblos.
La paz no puede significar impunidad.
Y la multipolaridad no puede confundirse con la liberación.
El futuro de los derechos humanos exige una ruptura fundamental con las concepciones de la gobernanza internacional centradas en el Estado y de carácter imperial. Requiere un nuevo marco basado en los derechos colectivos, las experiencias históricas, las luchas y las aspiraciones emancipadoras de los pueblos del mundo.
Esa es la promesa y la necesidad política de los derechos humanos centrados en los pueblos.
Proyecto Norte-Sur para los Derechos Humanos Centrados en los Pueblos (PCHR)
19 de noviembre de 2026